A propósito de #LadyTantra…

¡Que fácil resulta a algunos juzgar los comportamientos y acciones de los seres humanos –mujeres y hombres!¡Que fácil resulta para muchos lanzar la “primera piedra” y lapidar a personas sin medir las consecuencias;y, peor aún, l@s posibles afectad@s! ¡Que fácil que es para algunos –ante la mera sospecha- juzgar  y no tomarse la molestia de tan siquiera dudar arruinando, con sus actos, vidas y familias completas!

Hoy, el juzgamiento de las acciones de los seres humanos –mujeres y hombres- a través de las redes sociales se ha convertido en el “pan nuestro de cada día”. Casos como el de #LadyTantra -que fue ventilado públicamente por redes el mismo día en que se conmemoraba el día internacional de la mujer- debería llevarnos a la reflexión. ¿Alguien pensó en los hij@s, los padres o la familia de esta persona?¿Alguien se detuvo a reflexionar y no continuó difundiendo los “memes” que -sobre éste y otros casos- le llegó a sus chats o redes sociales?¿Alguien llegó a pensar que tal vez la próxima víctima de este tipo de lapidaciones digitales podría ser su hermana o hermano, su  familiar, su amigo/a o alguien muy cercano a su entorno?.

Estoy convencida de que en un alto porcentaje no lo hizo y continuó difundiendo cuanto “meme” o comentario llegaba sobre el caso de “moda”;  tal vez porque le pareció más importante “ser tendencia”, colaborar con la “viralización de la lapidación” o presentarse ante su comunidad virtual como “persona informada y crítica” de éste y otros temas.

No justifico el hecho que originó este acto, pero tengo claro que no soy nadie para juzgarlo. Somos seres humanos imperfectos por naturaleza y hay que recordar lo que Jesús, respecto de  Magdalena, dijo “¡Quién esté libre de pecado, que lance la primera piedra!”.

En las últimas décadas, la revolución que ha generado el uso del internet y las tecnologías ha acercado a la ciudadanía a una cantidad creciente de información. Ese acceso debería permitir a las personas tomar  mejores decisiones; y, convertir a la red en una herramienta que le permita crecer como persona, como ciudadano, como profesional. Las redes sociales deben convertirse en un medio para dar a conocer y exponer nuestros puntos de vista con total libertad, de la manera más respetuosa posible.

Hay un viejo refrán que dice “No hagas a otros lo que no quieren que te hagan a ti”. ¡Así de claro! Los invito a hacer un uso responsable de sus redes sociales y de sus chats.  Eso dice mucho de quienes somos, de nuestros valores, de nuestra formación, de nuestras creencias, de nuestro estado emocional, de nuestro profesionalismo; y, lo más importante, no se borra…deja huella.

¿8 de marzo, día para celebrar o conmemorar?

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En él se recuerda su lucha por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. El origen de la conmemoración es más político y social.

Su origen está en las primeras luchas que realizaron las mujeres trabajadoras para mejorar sus condiciones laborales. En 1857, cientos de costureras de la compañía Lower East Side en Nueva York, reclamaban una jornada laboral de 10 horas y salarios superiores (sus salarios eran inferiores en un 60 o 70% al de los hombres); la policía entonces dispersó a las manifestantes.

Pero no fue ni la primera ni la última vez que las obreras textiles se movilizaban. Medio siglo más tarde, en marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon por la misma ciudad al grito de “¡Pan y Rosas!”, para exigir un recorte del horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil. También en ese año, y en Estados Unidos, se instauró el Women’s Day organizado por mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude Breslau-Hunt, cuya finalidad era la reivindicación del derecho del voto para las mujeres.

En 1910 la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer, de carácter internacional como homenaje al movimiento a favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finés. No se estableció fecha fija para la celebración.

En 1911, como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague, se celebró por primera vez –el 19 de marzo- el Día Internacional de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres. Además del derecho al voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.

Menos de una semana después, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras textiles, la mayoría inmigrantes jóvenes italianas y judías que estaban alrededor de los 20 años de edad, murieron en un trágico incendio en la ciudad de New York. Las trabajadoras textiles se declararon en huelga para reclamar igualdad de salario, jornadas laborales de 10 horas y descanso dominical.

Los dueños de la fábrica cerraron las puertas y ventanas con las mujeres en huelga dentro.  Aparentemente, era una práctica habitual para evitar el robo de la mercancía. El problema llegó cuando se declaró un incendio en el edificio, mismo que fue provocado ante la negativa de abandonar el encierro en el que reclamaban por sus derechos.

Fue uno de los mayores desastres industriales en toda la historia de Estados Unidos.  Las trabajadoras textiles fallecieron debido a las quemaduras, los derrumbes y la inhalación de humo; incluso, algunas se suicidaron al no ver escapatoria. Este desastre hizo que se produjeran cambios legislativos importantes en temas laborales en Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre.

En 1975 la ONU comenzó a conmemorar el Día Internacional de la Mujer y dos años más tarde, la Asamblea General de la ONU fijó el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

El levantamiento masivo de mujeres es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo, como podemos apreciar; con especial intensidad desde el año 2016 que fue un año especialmente duro en cuanto a la vulneración de derechos y la violencia de género, en el que muchas demostraron que no querían seguir calladas.

El 24 de abril del 2016 miles de personas salieron a las calles de México bajo la consigna #Vivasnosqueremos que buscaba evidenciar los altos índices de feminicidio que durante siglos han vivido y soportado en dicho país.  Un día después, en Brasil y México, se hacía trending topic  en las redes el hashtag #Miprimeracoso, con el que cientos de mujeres revelaron públicamente cómo desde niñas, en promedio desde los 7 años, habían sido víctimas de algún tipo de acoso sexual.  El 19 de octubre, tras la muerte de Lucía, una adolescente que fue violada y asesinada en Argentina, se gestó una protesta masiva que se aglutinó bajo el lema #Niunamenos y de manera histórica fue y es respaldada por varias ciudades en el mundo. El 8 de noviembre, las mujeres de Estados Unidos, tras conocer los resultados de las elecciones, empezaron a organizarse para darle vida a la “Marcha de las Mujeres” que se realizaría unos días después de la posesión presidencial de Donald Trump. Con sus gorros rosados se apoderaron de las calles de Washington y de muchas ciudades de Estados Unidos para sembrar una voz de protesta contra las políticas del presidente entrante.

Hoy, más de 40 países se unen a la huelga de empleo, cuidados y consumo bajo el lema #nosotrasparamos #Womenstrike #8MParo o #Mujeresenhuelga. Más que una huelga, se trata de luchar contra la brecha salarial, la violencia, el acoso y la discriminación laboral.

Como vemos, el verdadero origen de esta conmemoración dista mucho de ser un motivo de celebración.   Es una fecha que debe servir para evaluar la condición y posición de las mujeres en cada país, en cada gobierno local –provincial, municipal o parroquial. Es un día para exigir que el Estado cumpla con los compromisos internacionales de derechos de las mujeres, para pedir que rindan cuentas de los avances, los logros y también de los retrocesos y los retos. Es la fecha en que se debe difundir el estado de cumplimiento de los derechos de las mujeres, de cuestionar su situación y exigir cambios.

¡Rompe las cadenas de la corrupción!

La corrupción es un fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países de mundo.

El 31 de octubre del año 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción misma que entró en vigencia en diciembre del 2005. Con el propósito de crear conciencia contra el vicio y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

La campaña internacional de este año se centra en cómo la corrupción socava la democracia y el estado de derecho, lleva a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona a calidad de vida y permite que prosperen el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

Pero ¿Qué entendemos por corrupción?  En el latín se establece el origen etimológico del término. En concreto, proviene del vocablo “corruptio”, que se encuentra conformado por los siguientes elementos: el prefijo “con-“, que es sinónimo de “junto”; el verbo “rumpere”, que puede traducirse como “hacer pedazos”; y, finalmente el sufijo “tio”, que equivale a “acción y efecto”.

Siendo así, “corrupción es el mal uso o el abuso del poder público para el beneficio personal y privado (Bruce, 1998)”, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos.   También se define como el “conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos tomados, con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común”.

La corrupción política, por su parte, es entendida como “el mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada”. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son: el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de drogas, el patrocinio, los sobornos, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo, entre otros.

Vemos, por ejemplo, como la corrupción política hace que se destinen fondos públicos a proyectos en los que hay más probabilidad de obtener un beneficio personal aún a costa de las prioridades del desarrollo integral del territorio.  Hoy en día, muchos hacen uso de recursos públicos para promocionar su imagen y obtener rédito político apelando al desarrollo de actividades mal llamadas “sociales” o peor aún, asignan recursos a agasajos o festejos bajo el argumento de “si el pueblo quiere circo, hay que darle circo”.

Hay que considerar además que “corrupto” no es sólo el que comete el ilícito sino además todo aquel que lo conoce y no hace nada por detenerlo; o, peor aún, promueve corrupción ofreciendo al funcionario público “alguito para las colas” para agradecerle por el esfuerzo que realiza y que, aquí entre nos, es su obligación ya que para eso es servidor público.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que se ha discutido a nivel mundial se reconoce la necesidad de luchar contra la corrupción en todos sus aspectos ya que es uno de los mecanismos para pone fin a la pobreza y asegurar una vida digna para todos.

Siendo así estimado lector, ¿ud estaría dispuesto a romper las cadenas de la corrupción?.  Si estás de acuerdo entonces exige #TRANSPARENCIA a todo nivel.

#ArchivenLasEnmiendas

“La desgracia de los hombres proviene de no hablar claro”
 Albert Camus

¿Cuántas veces hemos escuchado decir que “Ecuador es un país soberano”? Si “traducimos” esta frase haciendo uso de un lenguaje más claro lo que se comunica permanentemente y hasta el cansancio –como tratando de convencernos- por parte del Gobierno es que “La soberanía radica en el pueblo y que es su voluntad el fundamento de la autoridad, la que tiene que ser ejercida a través de los órganos del poder público[1]”.

La Constitución de la República – elaborada por una Asamblea Constituyente- fue aprobada en Referéndum del 28 de septiembre del 2008; es decir, se preguntó al pueblo si estaba de acuerdo o no con su contenido integral; y, en función de éste, el pueblo se pronunció favorablemente.

En Junio 25 del 2014 un grupo de asambleístas de “mayoría”, presentó a la presidenta de la Asamblea Nacional una solicitud para que se tramite de calificación del procedimiento para reformar la Constitución argumentando que la vía, según normas legales, sería la “Enmienda Constitucional”. El trámite avanzó a la Corte Constitucional[2], instancia que dio paso a la solicitud y dispuso a la Asamblea Nacional iniciar el proceso correspondiente, que continúa hasta nuestros días.

Aquí surgen las primeras incógnitas: ¿Por qué se realiza esta petición casi 6 años después de haber sido aprobada la Constitución en referéndum luego de un proceso constituyente que en su momento fue calificado como “exitoso”? ¿Acaso nadie se dio cuenta de la “supuesta vulneración de derechos” o de las “fallas” que producen ineficacia en la aplicación normativa; y, peor aún, si se proyectó una constitución que “dure 300 años” olvidaron que las condiciones sociales –así como políticas- son fluctuantes?

Nos hemos pasado casi un año discutiendo sobre los “pro” y los “contra” de los textos sugeridos, lo que no sólo ha costado tiempo sino además dinero. Todo para decir que el proceso ha sido participativo.

Muchas voces se han alzado demandando que se le consulte al pueblo, como en sus inicios, su opinión sobre las “enmiendas” planteadas.  Se dice incluso que más del 80% de la población quiere ser consultada. Y entonces, ¿si Ecuador es un país soberano y la soberanía radica en el pueblo por qué no atender esta demanda ciudadana?

Tal vez sea porque en este largo amanecer socialista del siglo XXI hemos dejado de ser “ciudadanos” y hemos permitido que nos conviertan en “habitantes”. Hemos consentido que “unos cuantos” –que además son nuestros “representantes” que tienen la obligación de trabajar para y con nosotros-  tomen decisiones en beneficio propio o del movimiento político al que se deben sin pensar que están allí para que la voluntad del pueblo sea respetada  -que quede claro que es el pueblo en su conjunto no diluido entre “adeptos” y “opositores”.

Si queda alguna coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, si todavía les queda un poquito de “sangre en el rostro” la decisión que debería tomar la Asamblea Nacional es dar paso al archivo de las enmiendas. Así lo demanda el pueblo. Hay que recordar que por algo se dice que “la voz del pueblo es la voz de Dios”.

[1] Constitución de la República del Ecuador, Título I “Elementos constitutivos del Estado”, Capítulo I “Principios fundamentales” Art. 1, segundo párrafo.
[2] Cuyos miembros son designados por una comisión calificadora integrada por 2 personas nombradas por cada una de las funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social a través de un concurso público.

¿Víctima o Victimari@?

Nunca más, ni a mí ni a ninguna otra

A propósito de que hoy se conmemora el “Día Internacional de la  Eliminación de la Violencia contra a Mujer”[1] reflexionaba sobre todas las acciones que cada año, para esta época, se realizan para “sensibilizar” sobre esta problemática así como los resultados alcanzados (que son muchos…aunque a algunas nos parezca insuficientes).

Por eso hoy decidí no hablar de las estadísticas ni de las personas que han muerto por los actos violentos hacia ellas. Hoy decidí hablar desde lo cotidiano, desde lo que vivimos día a día, como un acto de reflexión y compromiso para con la causa que no afecta sólo a una persona sino a la sociedad en su conjunto.

¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros hij@s hablar sobre un compañer@ de forma inadecuada: Que si es gordit@,  tal vez “lent@” o incluso “diferente”? ¿Cuántas veces al caminar por las calles de nuestro barrio hemos escuchado gritos que salen desde la casa de un/una vecina, tal vez “reclamando” porque no estaba algo listo; o, peor aún, comunicando el dolor  de la agresión física que recibía en ese momento? ¿Cuántas veces hemos escuchado/visto en los medios de comunicación noticias sobre asaltos, robos, violaciones, asesinatos, agresiones físicas que se dan tanto cerca como lejos de donde estamos? ¿Cuántas veces hemos visto y escuchado en espacios deportivos –que por naturaleza deberían ser familiares- agresiones físicas e insultos que no sólo se generan en la cancha sino además desde y en las gradas? ¿Cuántas veces en nuestros trabajos hemos observado cómo tan “sueltos de lengua” colegas comentan entre sí de la vida de otros sin siquiera averiguar si es cierto o no lo que se dice. Y lo peor, cuántas veces hemos repetido “lo que se dice” sin pensar en la persona de la que hablamos? ¿Cuántas veces hemos visto a autoridades y funcionarios públicos, que haciendo gala de su aparente “poder”, emiten cuanto improperio pueden contra sus opositores/as con el fin de desprestigiarlo/a, por el simple hecho de pensar diferente y/o por ser mujer? ¿Cuántas veces hemos visto en la empresa, en los gremios, en el entorno político partidista a personas que fraudulentamente buscan hacer daño a aquellos/as que les pueden resultar “peligrosos/as” para sus pretensiones con el único propósito de “sacarlos/as de su camino”?.

¿Cotidiano, verdad? Pero, ¿Qué hemos hecho al respecto?  La verdad, muchos no hemos hecho nada ya que es más fácil tomar la cómoda actitud de expectador/a porque sencillamente “a mí no me pasa”. Pero esa percepción, apreciado lector/a no es cierta.  Siempre, en algún momento de nuestro día, somos víctimas y/o victimarios. El territorio en el que vivimos coexiste  la violencia por naturaleza porque ésta se genera por la frustración, la ira, la envidia, el desamor, la incompetencia, el desconocimiento, la inmadurez, el sentimiento de inferioridad, entre otros.  ¿Alguna vez ha sentido uno de ellos? Ahora seguramente me estará dando “parcialmente” la razón. Lo verdaderamente importante no es que me la dé, sino que actúe para que, poco a poco, esos sentimientos no se apoderen de su vida ni la de su familia.

Si queremos vivir en una sociedad que progrese en libertad no sólo hay que promover sino además ejercitar una cultura de paz. ¡Decir y hacer!  Predicar con el ejemplo, en todos los ámbitos de nuestra vida, todos los 365 días de año. Allí radica el verdadero compromiso. Una vida libre de violencia es un derecho humano #UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres.

[1] El 17 de diciembre de 1999 a través de la resolución 14/134 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el propósito de que la sociedad entera se organizara para sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.  Este día (25 de noviembre) fue escogido en conmemoración del brutal asesinato de las hermanas Mirabal (1960), activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante Rafael Trujillo (1930-1961)

¿Cómo incentivar la Participación Social?

¡Buenas tardes! Muchas gracias por acompañarnos en este panel donde -de manera conjunta- estamos buscando la respuesta a una pregunta muy interesante: ¿Cómo incentivar la participación social?.

Considero que es una pregunta muy sugestiva, sobretodo en esta época en que el término “participación social” o “participación ciudadana” se ha convertido en un “concepto chicle” que se estira o se encoge para adaptarlo a las necesidades de sus eventuales consumidores.

Por ello, considero fundamental iniciar esta intervención definiendo ¿Qué es participación social? Se podría decir que es “la intervención de los y las ciudadanas en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en sus estilos de vida y en las políticas públicas que permitan alcanzar el tan anhelado desarrollo de sus comunidades”.

Se dice además que para que la participación social se facilite se requiere de un marco legal y de mecanismos democráticos que propicien las condiciones para que las comunidades organizadas hagan llegar su voz y sus propuestas a los distintos niveles de gobierno.

Encontramos aquí tal vez una primera respuesta a la pregunta planteada para este panel. Y es que en la Constitución Política vigente se crearon los espacios para que la ciudadanía tenga la posibilidad de participar y aportar efectivamente. Podemos observar el Art. 95 que dice:

“Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.”.

Podemos además observar lo que dice el Art. 96:

“Se reconoce todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno.”.

Incluso la Carta Magna establece en su Art. 100 que:

“En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos.

La participación en estas instancias se ejerce para:
• Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía.
• Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.
• Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.
• Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social.
• Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.

Existe otra norma aprobada por la Asamblea Nacional: La Ley Orgánica de Participación Ciudadana misma que busca “propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de la ciudadanía asimismo”…”instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno y la sociedad…”.

Y entonces se evidencia que la participación social es un derecho y que el Estado, en su conjunto, debe no sólo garantizar sino además propiciar y fomentar el ejercicio del mismo.

La misma Ley, en su Art. 46, establece que la ciudadanía podrá realizar procesos de veedurías, observatorios y otros mecanismos de control social a la actuación de los órganos y autoridades de todas las funciones del Estado y los diferentes niveles de gobierno.

Entonces, si existe el marco legal correspondiente ahora nos corresponde ejercer ese derecho. Se hace necesario reivindicar una “participación ciudadana” centrada en la dimensión política en la que participar implica, fundamentalmente, asumir poder. Porque somos los ciudadanos y ciudadanas las que realmente tenemos el poder de decidir qué queremos y hacia dónde queremos caminar en nuestra búsqueda de días mejores para nuestras familias, nuestras ciudades, nuestro país. Y estamos en la obligación de recordárselo permanentemente a nuestros mandatarios.

Pero, qué mecanismos puedo utilizar para ejercer esa participación ciudadana y el control social? El art. 5 de la Ley de Orgánica de Participación Ciudadana indica que:

“El Estado garantizará el ejercicio ciudadano de los mecanismos de democracia directa, tales como:
1. La Iniciativa Popular Normativa: Faculta a la ciudadanía a presentar proyectos de ley, de reforma o derogación de una norma ya existente, por medio de sus propias organizaciones o a través de agrupaciones conformadas específicamente para este efecto. El único límite que tienen actualmente es que dicha iniciativa popular no podrá referirse a crear, modificar o suprimir impuestos, aumentar gasto público o modificar la organización territorial político administrativa del país. (no puede ser inferior al 0,25% de personas inscritas en registro electoral)
2. Consulta Popular: Puede ser considerada como la materialización de dos derechos de la ciudadanía: 1) el derecho de la población a ser consultada sobre temas de interés general; y, 2) A convocar a consulta y someter en ella los temas que considera de importancia.
3. Revocatoria del Mandato: Decisión ciudadana de enmendar otra decisión previamente adoptada por medio de una elección. Se puede presentar una vez cumplido el 1r año de gestión y antes del último y contar con respaldo proporcional al número de electores inscritos en padrón electoral.
4. Audiencias públicas: espacio habilitado por la autoridad responsable –por iniciativa propia o pedido de ciudadanía- para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno.
5. Cabildo popular: Instancia de participación cantonal para realizar sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el fin de discutir asuntos específicos vinculados a gestión municipal.
6. Silla vacía: Las sesiones de los GAD son públicas y en ellas existirá una silla vacía que será ocupada por un representante de la ciudadanía en función de los temas que se van a tratar. Las personas que hacen uso de dicho derecho tienen la opción de participar en las reuniones con voz y voto.
7. Observatorios: Grupos de personas u organizaciones ciudadanas que no tengan conflictos de interés con el objeto observado. Tienen como objetivo elaborar diagnósticos, informes y reportes con independencia y criterios técnicos, con el propósito de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas.
8. Consejos Consultivos: Mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanos o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dicho consejo siendo su función meramente consultiva.
9. Veedurías ciudadanas: Modalidad de control social de la gestión de lo público y de seguimiento de las actividades de dignidades electas y designadas por la ciudadanía y las organizaciones sociales, aquellas que les permite conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de los servidores públicos.
10. Rendición de cuentas: Proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal en el cual las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, y medios de comunicación social, están obligadas a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía. Se realiza una vez al año y al final de la gestión.
11. Libre acceso a la información pública: El Estado garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de acceso libremente a información pública. Este derecho constituye un instrumento fundamental para ejercer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social.

Vemos entonces que existen los espacios para participar, para involucrarnos en los asuntos públicos. Ahora hay que hacer que los ciudadanos y ciudadanas se transformen en sujetos sociales con una mayor capacidad de incidir en el medio en el que habitan, pero sobretodo lograr que la ciudadanía se involucre, asuma el control sobre las entidades de poder.

¿Y las ONGs pueden participar? Por supuesto, ya que son estas organizaciones las que trabajan de manera desinteresada para solucionar problemas sociales tomando en cuenta que no buscan sustituir -sino más bien complementar- las funciones del Estado. Son organizaciones que tienen experiencia en ciertos temas lo que les permite apoyar sino incluso incidir en la construcción, implementación y aplicación de las políticas públicas. Y eso, señoras y señores, es participar.

Lo que si debemos tener presente es que para participar activamente se requieren de ciertas condiciones:

• Que existan espacios o cauces que permitan la participación: normas, mecanismos, estructuras, organización.
• La capacidad de conocer cómo, habilidades, destrezas…lo cual exige aprendizaje, saber técnicas.
• Voluntad política para incentivar la participación.

Se debe tener presente además que existen tres niveles de participación:

1. Para participar se requiere de INFORMACIÓN. Poseer información suficiente sobre cualquier actuación pública es imprescindible. Esta implica también formación, ya que la información transmitida que no es entendida por los receptores no cumple su función.
2. Para participar se requiere de CONSULTA Y DEBATE. Los y las ciudadanas deben tener la opción de dar su opinión, realizar sugerencias, se requiere de un espacio de diálogo entre el Estado y la Ciudadanía.
3. Para participar se requiere de PARTICIPAR EN LA GESTIÒN. Este es el nivel donde se tiende a formas de cogestión y autogestión ciudadana.

Debemos reconocer que correcta participación pública consiste en un proceso de comunicación bidireccional que proporciona un mecanismo para intercambiar información y fomentar la interacción de los agentes de cambio con el equipo gestor y que para participar contamos con dos herramientas:

a. De entrega y recogida de información:
Información pública impresa como cartas, posters, folletos, boletines, etc., encuestas telefónicas, programas de radio y TV, técnicas de internet, encuestas y sondeos.
b. Otras de carácter interactivo como:
Eventos informativos, visitas técnicas, grupos de trabajo, talleres, conferencias, etc.

La participación debe entenderse como un proceso continuo que abarca desde niveles muy básicos hasta sistemas muy avanzados en los cuales los actores tienen acceso a un gran campo de influencia.

Respecto al objeto sobre el que se tiene parte, la idea de ser participe se articula en 2 dimensiones: se puede ser partícipe de las decisiones –actuando como sujeto decisor con poder legítimo; o, de manera mucho menos activa, se puede ser partícipe de las consecuencias de estas decisiones. Vemos entonces que la diferencia radica en formar parte de la decisión o simplemente asistir, consumir o recibir las consecuencias de una decisión. Es la diferencia entre asumir el “rol del actor” o el cómodo “rol del espectador”.

El proceso de construcción de un país, de una ciudad debe ser asumido responsablemente. Las decisiones no solo deben ser tomadas por las autoridades electas (democracia representativa) sino además con los mandantes (democracia participativa).
Los países, las ciudades son el reflejo de lo que sus ciudadanos quieren que sean; y, si no participamos en el proceso de construcción y asumimos el cómodo rol de espectadores llegará un momento en que sea demasiado tarde para ejercer ese derecho: el de la participación.

Se hace entonces necesario incentivar la participación social y regresamos a la pregunta inicial de este foro: CÓMO LOGRARLO? Mi respuesta por el momento se reduce a una sola palabra: INVOLUCRANDONOS.

Hay temas que nos apasionan, hay problemáticas sociales que nos preocupan, hay decisiones que nos molestan…entonces, por qué no hablar sobre ellas, por qué no investigar, proponer, compartir información incluso discrepar para luego consensuar.
Tengamos presente que “la participación ciudadana existe cuando hay sociedades vivas, cuando hay una ciudadanía fortalecida.”

¿Queremos incentivar entonces la participación social? Qué tal si damos el ejemplo…involucrémonos! Qué tal si en ese proceso vamos motivando a otros para que se involucren: el joven, el adulto mayor, el afrodescendiente, la persona con discapacidad, el hombre, la mujer, los niños, todos y todas. Así vamos construyendo juntos la ciudad, el país que queremos!.

Muchas gracias!

Nota: Intervención en Encuentro Nacional de Voluntariado “Retos del Voluntariado en el Siglo XXI” organizado por ACORVOL en Guayaquil, los días 13 y 14 de mayo del 2015. Panel “¿Cómo incentivar la participación social?

¿Cómo está afectando la nueva realidad social, legal y económica al voluntariado?

Muy buenos días damas y caballeros. Antes que nada quisiera agradecer a la Asociación Coordinadora del Voluntariado del Guayas, ACORVOL; por la organización de estas Jornadas de Voluntariado: Contexto, situación y tendencias. Sin duda, este tipo de eventos académicos y de dialogo permiten escuchar opiniones, actualizar conocimientos y obtener nuestras propias conclusiones sobre cómo está el entorno de las Organizaciones Sociales de Desarrollo y cuál es el camino a seguir para su fortalecimiento.

Quisiera expresarles además el cálido saludo del Ab. Henry Cucalón Camacho, Asambleísta Provincial del Guayas, quién lamentablemente por asuntos relacionados con su cargo tuvo, con profunda pena, que excusarse de participar en este evento y quién solicitó que lo representara, delegación que para mí es todo un honor y además un gran desafío.

Las Organizaciones de Desarrollo Social a nivel de Latinoamérica vienen trabajando en la construcción de nuevos espacios de incidencia política que implica la promoción de formas de convivencia social donde las voces ciudadanas sean reconocidas y legitimadas como actores políticos relevantes y en las que se fomente una articulación virtuosa con las políticas públicas.

Podemos decir que las políticas públicas son decisiones que ejecuta la sociedad para avanzar hacia su desarrollo. Estas no deberían ser diseñadas, implementadas y monitoreadas sólo desde el Estado porque la complejidad de los desafíos públicos requiere de diversos actores de la sociedad que aporten con ideas, acciones y otros recursos cruciales que permitan generar oportunidades para el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Por otra parte, la incidencia política son los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e implementación de las políticas y programas públicos, a través de la persuasión y la presión ante autoridades estatales, organismos financieros internacionales y otras instituciones de poder. Son las actividades dirigidas a ganar acceso e influencia sobre las personas que tienen poder de decisión en asuntos de importancia para un grupo en particular o para la sociedad en general. Es entonces una herramienta fundamental para la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno o en otras instancias de poder. Es una de las vías a través de la cual, diferentes sectores de la sociedad civil pueden avanzar en sus agendas y tener impacto en las políticas públicas, participando de forma democrática y sistemática en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan su vida.

Hay muchas razones para hacer incidencia política. Las más importantes desde la perspectiva de la sociedad civil son:

1. Para resolver problemas específicos a través de cambios concretos en políticas y programas públicos
2. Para fortalecer y empoderar a la sociedad civil
3. Para promover y consolidar la democracia: implica una relación permanente entre la sociedad civil y el Estado. En este sentido, es un ejercicio importante de democracia real. Hacer incidencia política es una forma de fortalecer la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre políticas públicas y programas, promoviendo una cultura política transparente. En la medida en que la sociedad civil va avanzando en el logro de este objetivo, va transformando las relaciones de poder entre las instituciones del Estado y la ciudadanía hacia un modelo más democrático.

Tratemos entonces de esclarecer la naturaleza del entorno del voluntariado en el mundo moderno:
1. El voluntariado asume muchas modalidades y hace contribuciones de muchas maneras distintas. También, evidentemente se ve afectado por muchos factores. Entre ellos se cuentan las características socioculturales, el régimen político, las estructuras económicas y la distribución de la riqueza, las divisiones institucionales del trabajo, las creencias y los valores, las tradiciones y otros principios y normas. Algunas de estas características están definidas por ley, pero muchas no lo están.
2. Las leyes y reglamentos no pueden, por sí solas, definir enteramente el entorno del voluntariado. Por su misma naturaleza, el voluntariado prospera por el anhelo de los ciudadanos de hacer sus propias contribuciones. Una legislación elaborada con fines de control y no de facilitación, a más de ser perjudicial para el voluntariado, distorsionaría su propósito mismo.
3. Existe una clara tendencia a apartarse de la intervención del sector público en muchas de las actividades tradicionalmente apoyadas por los voluntarios. La acción parlamentaria debería apuntar, además de asegurar que las leyes con finalidades específicas no restrinjan las oportunidades para mejorar el entorno del voluntariado. Debería garantizarse, también, que los principios que sustentan el voluntariado sean comprendidos y valorados en los sectores del gobierno, incluso en el ámbito local.

La legislación sobre el voluntariado se debe encarar con prudencia y amplitud de miras en lo relativo a la constitución social y cultural del país y a los regímenes de gobierno en vigor. No se debe exagerar el alcance de la reforma legal a expensas de la atención que se preste a las normas concretas con arreglos a los cuales los ciudadanos optan por realizar actividades voluntarias. Además, se debe prestar gran atención a velar por que la legislación sobre el voluntariado se analice en consultas amplias con las principales partes interesadas, especialmente de la sociedad civil, de manera que esté cabalmente en consonancia con las necesidades y posibilidades reales y no cree nuevos obstáculos.

Áreas de derecho que pueden incidir en el voluntariado.

En un documento elaborado por el Parlamento Europeo se recomienda que los Estados deben prestar cuidadosa atención a la manera en que las normas nacionales e internacionales pueden afectar el voluntariado en un país.
A continuación se formulan algunas sugerencias acerca de la forma en que las leyes pueden apoyar un entorno propicio para el voluntariado.
Derechos y libertades fundamentales:  Las normas nacionales e internacionales sobre los derechos y libertades fundamentales protegen a los voluntarios y fijan el alcance jurídico de la actividad voluntaria, entre otras, cuando disponen sobre los siguientes aspectos:
• El derecho a la libertad de reunión y de asociación con fines pacíficos;
• El derecho a no ser obligado a realizar trabajo forzoso u obligatorio;
• El derecho a participar activamente en la vida política, económica, cultural y social del país;
• El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión;
• El derecho a un medioambiente seguro; y,
• El derecho a promover los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Recomendación: El voluntariado se debería fomentar en el contexto de esos derechos y libertades fundamentales.

Derecho Internacional • Muchas leyes y reglamentos relativos a la cooperación para el desarrollo y la ayuda internacional contemplan la participación de voluntarios por conducto de instituciones públicas y privadas, organismos y organizaciones nacionales e internacionales. Aunque estas leyes alientan y de alguna manera apoyan la participación de voluntarios en misiones y programas internacionales, es posible que la protección que brindan no siempre sea suficiente.

Recomendación: Para evitar que se desaliente la participación de voluntarios en los programas internacionales de asistencia y cooperación para el desarrollo de las organizaciones intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales reconocidas cuyo personal no voluntario disfruta de esa protección, los gobiernos y los parlamentos deberían exigir que se concedieran privilegios e inmunidades similares a los voluntarios.

Derecho al trabajo • En ausencia de un estatuto jurídico reconocido para los voluntarios y la acción voluntaria, el derecho laboral nacional afecta al voluntariado de muchas maneras distintas.

• El trabajo voluntario no remunerado presenta, a menudo, características similares a las del trabajo remunerado o el empleo: es productivo, valioso y contribuye a la economía. Por lo tanto, se debería prestar especial atención a velar por que las disposiciones de derecho laboral no sean discriminatorias en detrimento de los voluntariados.
• Para evitar confusiones entre los conceptos de empleo y voluntariado, puede ser necesario que algunas disposiciones de derecho laboral excluyan expresamente a los voluntarios de su ámbito de aplicación. Por ejemplo: la presunción general de que todo “trabajo” es “trabajo remunerado” no se debería aplicar a los voluntarios en actividades sin ánimo de lucro. Aunque no sea remunerado, el voluntario no siempre está exento de costos.
Recomendaciones: El concepto jurídico de “remuneración del trabajo” no se debería aplicar a las sumas razonables que puedan recibir los voluntarios, tales como el reembolso de gastos menores relacionados con sus actividades voluntarias o el alojamiento o comidas que se les puedan suministrar en el curso de sus actividades.

La ley debería aclarar qué tipos de remuneración pueden razonablemente recibir los voluntarios, de acuerdo con sus necesidades específicas y con las exigencias de su servicio, sin que por ello queden sujetos al régimen general del derecho laboral como “empleados”.

Seguridad y Salud • las disposiciones relativas al derecho a un lugar de trabajo higiénico y seguro son inclusivas. Exigen una conducta diligente y responsable de los empleadores respecto de todas las personas que puedan verse afectadas por su actividad. Esas disposiciones brindan, en realidad, una cierta protección básica a los voluntarios, sin imponer cargas onerosas a las organizaciones de voluntarios.

• En el sector privado se observa un creciente interés en la promoción del voluntariado de los empleados como expresión de la RSE.

Recomendaciones: Las leyes laborales deberían alentar y facilitar el voluntariado de los empleados. Sin embargo, es importante que la ley brinde una protección adecuada a los empleados al propio tiempo que se evita la incertidumbre jurídica que, en la actualidad, impide que muchos empleadores alienten la participación de sus empleados en actividades voluntarias

La ley también podría alentar la participación de los empleados autorizando licencias sabáticas para prestar servicios voluntarios en organizaciones sin ánimo de lucro, sin perjuicio de su contrato con el empleador.

Derecho tributario • Para facilitar la captación de voluntarios de todos los estratos económicos, la legislación tributaria debería exonerar expresamente a los voluntarios del pago de impuestos sobre las sumas que puedan recibir en calidad de reembolso de gastos o dietas de subsistencia, siempre que esas cantidades sean “razonables” y “necesarias” para sus misiones voluntarias.

• Además la normativa tributaria se puede formular estratégicamente para asegurar la sostenibilidad de la acción voluntaria, por ejemplo:
o Alentando la financiación privada, personal o empresarial de las organizaciones de voluntarios mediante exenciones y deducciones tributarias. El concepto de donación debería incluir la adscripción de empleados para trabajar en forma temporaria o al tiempo parcial; y
o Concediendo exenciones y beneficios impositivos, incluso en relación con el impuesto sobre la renta y otros gravámenes, como el impuesto sobre transferencia de bienes, en determinadas condiciones.

Legislación de protección social • La protección social y la atención de la salud en sectores en los cuales el voluntariado ha tenido tradicionalmente una participación muy intensa. Aunque la responsabilidad última en esos sectores incumbe al Estado, en muchos países se estima que la participación ciudadana es de fundamental importancia para atender estas necesidades

• Los voluntarios y las organizaciones en las que participan no deberían estar obligados, en general, a hacer aportaciones a planes sociales y de salud, pues ello impediría que las organizaciones con menos recursos organicen actividades voluntarias. En la medida de lo posible, la financiación de esa protección debería ser asumida por el Estado.

Leyes de Inmigración • Las leyes de inmigración deberían facilitar la entrada de voluntarios en el país con el fin de participar en programas o proyectos de cooperación internacional reconocidos.

• A ese fin se podrían incluir condiciones legales claras para el otorgamiento de visados de voluntarios o se podrían expedir permisos de trabajo a extranjeros que tengan intención de realizar actividades “de naturaleza benéfica” o se podrían establecer disposiciones amplias para regular la entrada de trabajadores especializados que puedan contribuir al desarrollo económico y social del país.

Las organizaciones de beneficencia o sin ánimo de lucro, incluidas las asociaciones y fundaciones seculares y religiosas, los partidos políticos y los sindicatos, son algunos de los ámbitos más adecuados para desarrollar y administrar eficazmente el voluntariado en gran escala. Todas estas instituciones hacen intervenir a los ciudadanos en sus actividades en calidad de voluntarios-participantes. Algunas fomentan directamente el voluntariado, administran actividades voluntarias, crean redes mundiales de voluntariado y realizan campañas de concienciación y sensibilización en pro de un reconocimiento y un apoyo más amplio a la acción voluntaria.

La creación de un entorno jurídico propicio para el establecimiento de las ONG es de fundamental importancia para un desarrollo más amplio del voluntariado.

La legislación nacional debería propiciar la creación de una vigorosa sociedad civil en la que las redes de voluntarios y las organizaciones de voluntarios en las comunidades y naciones puedan perfeccionarse sobre la base de sus experiencias y optimizar sus iniciativas.

Para lograr estos resultados se puede establecer un marco jurídico propicio a las ONG que:
• Aliente la creación de organizaciones formales e informales (no registradas) de voluntarios;
• Reconozca su independencia frente al Estado y al sector empresarial;
• Mejore su visibilidad y credibilidad, inclusive mediante la creación de condiciones razonables para su registro oficial, con miras a fijar normas adecuadas para su dirección, responsabilidad y transparencia en el desempeño de sus funciones.
• Asegure la sostenibilidad del sector encomendando al Estado que apoye y facilite sus actividades, incluso dando ayuda a las organizaciones para que encuentren medios de obtener beneficios, por ejemplo, por medio de incentivos tributarios y otras oportunidades de financiación.
• Establezca mecanismos de diálogo entre el Estado y el sector sin ánimo de lucro; y
• Vele por la coordinación de la aplicación de las políticas y medidas pertinentes del Estado para promover, apoyar y ampliar la capacidad de las organizaciones sin ánimos de lucro.

Para promover cabalmente los beneficios del voluntariado en un país, se pueden adoptar las medidas siguientes:

• Establecer una comisión parlamentaria o un grupo similar para abordar las cuestiones relativas al voluntariado y estudiar y formular estrategias de políticas y medidas específicas para mejorar las condiciones básicas para la acción voluntaria nacional e internacional.
• Velar por que la contribución de los voluntarios al desarrollo económico y social sea reconocida y protegida en todas las leyes y otras medidas de gobierno que interesan al sector.
• Intensificar las actividades de concienciación, por ejemplo mediante el apoyo y la promoción del Día Internacional del Voluntario (5 de diciembre) y de otras fechas y acontecimientos de importancia en los que el voluntariado sea un componente importante.
• Dar acogida a actividades destinadas a apoyar y brindar reconocimiento a las iniciativas de los voluntarios.
• Mantener estrechas consultas con las organizaciones de voluntarios y con otras partes interesadas, tales como el sector privado, las universidades y los medios de difusión local, incluso mediante audiencias públicas en las que puedan intervenir los propios voluntarios.
• Apoyar la creación y el funcionamiento de los centros nacionales y regionales de voluntarios e incluso de organismos de fomento del voluntariado en calidad de estructuras permanentes que propicien un diálogo constante entre los encargados de formular políticas y los legisladores, por un lado, y las principales partes interesadas en la acción voluntaria, por el otro.
• Aprobar partidas de presupuesto para dar apoyo a la acción voluntaria;
• Intercambiar datos e información sobre las prácticas.
• Desarrollar, apoyar y facilitar la investigación sobre las contribuciones del voluntariado al desarrollo social y los efectos de la legislación nacional relativa al voluntariado desde una perspectiva comparativa, tanto nacional como internacional.
• Incluir referencias al voluntariado en los discursos sobre el estado del país.
• Integrar el voluntariado en sus distintas formas y como cuestión de importancia general en las políticas, programas e informes nacionales, por ejemplo mediante la incorporación de las contribuciones de los voluntarios en los objetivos estratégicos nacionales e internacionales, como los Informes sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio; y,
• Velar por que las políticas y la legislación nacional, regional e internacional no creen obstáculos que reduzcan la capacidad de los ciudadanos de participar en la acción voluntaria, asegurando diversidad y flexibilidad de todas las expresiones potenciales del voluntariado.

El voluntariado ofrece enormes recursos a los Estados que tratan de hacer realidad los ODM. Los Estados deberían aprovechar ese potencial, velando por que las leyes nacionales promuevan el voluntariado en lugar de desalentarlo. Seis mil millones de personas pueden contribuir a la realización de los ODM, y los legisladores pueden desempeñar una función vital, especialmente mediante las siguientes medidas:

• Eliminar los obstáculos consagrados en leyes y reglamentos;
• Incorporar el voluntariado a los procesos legislativos; y,
• Ampliar las oportunidades para la acción voluntaria, mediante la sanción de una legislación adecuada sobre el voluntariado, de consuno con todas las partes interesadas.

Nota: Ponencia realizada en el Encuentro de Voluntariado realizado en Guayaquil en noviembre del 2014, en mi calidad de Asambleísta Provincial Alterna.